El primer tratado internacional legalmente vinculante sobre inteligencia artificial (IA) es adoptado por el Consejo de Europa.
Introducción
El Consejo de Europa ha creado un tratado internacional jurídicamente vinculante enfocado en resguardar los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en la aplicación de la inteligencia artificial (IA). Es un acuerdo innovador que busca establecer un marco legal para el ciclo de vida completo de los sistemas de IA.
Detalles del tratado
La firma del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho tuvo lugar durante la reunión ministerial anual del Comité de Ministros en Estrasburgo. Este tratado, que también está abierto a países no europeos, es el primero de su tipo y pretende fomentar la innovación responsable y sostenible en IA.
La Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejčinović, afirmó que el objetivo principal del tratado es garantizar que la inteligencia artificial proteja y promueva los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Enfoque basado en riesgos
El tratado adopta un enfoque basado en riesgos para la creación, implementación, uso, y desmantelamiento de los sistemas de IA. Así se requiere una evaluación cuidadosa de las posibles consecuencias negativas del uso de la IA para evitar potenciales vulneraciones de derechos humanos y desafíos democráticos y legales.
Comité de Inteligencia Artificial (CAI)
El Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa fue responsable de la redacción del tratado. Durante dos años, el Comité trabajó con representantes gubernamentales, sector privado, sociedad civil y académicos, incluyendo a los 46 estados miembros del Consejo de Europa y 11 estados no miembros, como Argentina, Australia, Canadá, México y Estados Unidos.
El tratado proporciona flexibilidad a los estados para cumplir con sus obligaciones, adaptándose a sus sistemas legales y compromisos internacionales en derechos humanos, democracia y Estado de derecho. Además, establece normas de transparencia, supervisión, responsabilidad, igualdad de género y no discriminación.
Cabe resaltar que el tratado excluye su aplicación en el ámbito de la defensa nacional y prevé un mecanismo de seguimiento y supervisión independiente para garantizar su correcta implementación. La firma oficial del tratado se realizará el 5 de septiembre en Vilna, durante una conferencia de ministros de Justicia.
