50 horas de trabajo jurídico ahora pueden llevar horas o minutos: los agentes de IA asumen las tareas principales

Las tareas más laboriosas del jurista se automatizan

En el mundo jurídico están ocurriendo cosas que hace solo unos años habrían parecido ciencia ficción. Según Artificial Lawyer, Harvey y LexisNexis han llevado su acuerdo de intercambio de datos a un nuevo nivel y han lanzado conjuntamente un flujo de trabajo basado en agentes para elaborar los llamados motions to dismiss: escritos de desestimación que se utilizan al inicio de los litigios en Estados Unidos para solicitar que un caso sea desestimado por completo.

No se trata de una herramienta sencilla de texto que sugiere formulaciones. Se trata de un sistema en el que varios agentes de IA especializados colaboran en un proceso continuo: planifican, buscan en jurisprudencia y redactan borradores, con el jurista como responsable de las decisiones en las fases en las que el juicio humano es determinante.

En la práctica, Harvey analiza la demanda del actor, identifica hasta ocho posibles motivos de desestimación y los ordena según su solidez jurídica. Todo ello con el respaldo de la amplia base de datos de LexisNexis sobre legislación, precedentes y resoluciones judiciales estadounidenses. El jurista aprueba la estrategia y el sistema se encarga a partir de ahí de elaborar un borrador completamente desarrollado.

Se trata de una reducción de entre 40 y 50 horas de trabajo a lo que en la práctica puede convertirse en horas o minutos para el trabajo de base. No es una mejora marginal. Es un cambio de paradigma.

Google entra en los despachos de abogados

Paralelamente, Artificial Lawyer informa de que el despacho de abogados Cooley, con sede en California, ha firmado un acuerdo con Google para desarrollar un agente de IA jurídico basado en Gemini. Es significativo que sea uno de los despachos más orientados a la tecnología de Estados Unidos el que marque el camino, pero solo es cuestión de tiempo que soluciones similares lleguen a sectores más amplios del mercado.

El hecho de que Google busque ahora activamente entrar en el mercado jurídico, junto a actores como Harvey, muestra que ya no hablamos de proyectos piloto ni de experimentos. Hablamos de una transformación del sector que está en pleno movimiento.

¿Qué significa esto para el Estado de derecho?

Aquí quiero ser sincero: las posibilidades son enormes, pero las preguntas son igual de grandes. La automatización de escritos jurídicos reduce drásticamente las barreras y los costes, lo que en teoría podría hacer que la asistencia jurídica llegue a más personas. Las pequeñas empresas y los particulares que hoy no pueden permitirse cientos de horas de asesoramiento jurídico podrían acceder a herramientas que antes estaban reservadas a las grandes compañías.

Sin embargo, la seguridad jurídica exige algo más que formulaciones hábiles. Exige que el sistema comprenda los matices, que no traslade sesgos de los datos de entrenamiento al proceso judicial y que el jurista humano revise de verdad —y no solo apruebe— lo que produce la IA. Es fácil que un flujo de aprobación se convierta en un flujo de mero trámite cuando la ventaja de tiempo es evidente y la revisión exige esfuerzo.

Por eso es importante examinar más de cerca la arquitectura de la solución de Harvey: el sistema está diseñado con puntos de control integrados en los que el jurista debe pronunciarse activamente sobre la estrategia antes de que el trabajo continúe. La idea es correcta. Pero cómo se utilizan en la práctica esos puntos de control —bajo presión de tiempo y con incentivos económicos para avanzar rápido— es una cuestión que el sector y los legisladores deberán seguir de cerca.

Un sector que no puede quedarse quieto

El sector jurídico se ha protegido durante mucho tiempo tras la complejidad, la confidencialidad y la tradición. Pero cuando 40 horas de trabajo jurídico pueden reducirse drásticamente con las herramientas adecuadas, no cambian solo los modelos de negocio: cambian las expectativas de los clientes, la competencia y, a la larga, toda la estructura del sector.

Los despachos que no se adapten corren el riesgo de perder clientes frente a los que sí lo hagan. Esto no supone una amenaza para la abogacía como profesión; es una redistribución de dónde aporta más valor la competencia humana. Y es precisamente ahí donde debe aportarse: en el pensamiento estratégico, en las valoraciones éticas y en la presencia humana, no en dar formato manualmente a los precedentes.